RODRIGUEZ SOLICITA INFORMES SOBRE CONTROLES AMBIENTALES

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RODRIGUEZ SOLICITA INFORMES SOBRE CONTROLES AMBIENTALES

El Diputado Provincial Peronista Sergio Rodríguez solicitó informes sobre controles ambientales en el ámbito de las actividades hidrocarburíferas.  El mismo está dirigido a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Neuquén como autoridad de aplicación de la Ley 2600.

Rodríguez  consideró que “es necesario realizar una evaluación de la eficacia de la ley 2600, sancionada a mediados del 2008, y efectuar los ajustes y cambios precisos para que el control ambiental de la actividad sea eficiente”.  

El también dirigente sindical señaló que “la legislación provincial concedió el poder de policía a los municipios de primera categoría” y señaló  que “actualmente existen dificultades y conflictos al momento de ejercer los controles: sólo la mitad de los municipios en condiciones de adherir lo hicieron”.

    

           

A continuacón el Proyecto de Ley:
 

Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén

Bloque de  Diputados Partido Justicialista

 

RESUELVE:

 

Artículo 1°  Solicitar informes a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación de la Ley 2600, respecto de lo siguiente:

 

a)    Listado de municipios Adheridos

b)    Nº de “Certificados de Aptitud Ambiental” entregados discriminados por Municipio y por año de vigencia de la ley. (art. 3º)

c)    Nº de Inspecciones realizadas por municipio y por año según art. 4º

d)    Listado de empresas inscriptas en el Registro de Control Ambiental de la Actividad Hidrocarburífera según art. 5º

e)    Nivel de cumplimiento de la entrega de listados de productos químicos previstos en el artículo 10º D

f)     Valor actual de la Tasa establecida por año según lo establecido en artículo 13º

g)    Ingresos por la tasa ambiental por municipio y por año

 

Artículo 2°  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

FUNDAMENTOS

 

La Ley Nº 2600 fue sancionada en Julio de 2008 con el fin de “…extremar las medidas de resguardo y protección ambiental en el ámbito de las actividades hidrocarburíferas…” instituyendo el “Certificado de Aptitud Ambiental de la

Actividad Hidrocarburífera”.

 

En función de la elaboración de este certificado se establecen un régimen de inspecciones de rutina denominada “Monitoreo Anual de Instalaciones, Obras y Tareas (MAIOT)”, por el cual se establece el cobro de una Tasa Ambiental Anual a las empresas comprendidas dentro de esta ley.

 

En la Ley en su artículo 3º habilita a los municipios de 1º categoría a realizar esta tarea y percibir las tasas correspondientes.

 

A 8 (ocho) años de vigencia de la Ley se observan dificultades y conflictos a la hora de su aplicación con los municipios adheridos, lo cual presupone que la ley no ha sido adecuada al fin para lo cual fue creada.

 

Solo la mitad de los municipios en condiciones de adherir lo han hecho dejando en zona gris la certificación en esas jurisdicciones.

 

Las que han adherido como el municipio de Rincón de los Sauces ha tenido litigios judiciales que han colisionado con la Autonomía Municipal y con el Poder de Policía en materia ambiental dentro de sus jurisdicciones.

 

Es por ello que en función del tiempo transcurrido resulta necesario realizar una evaluación de la eficacia de la ley en función de los objetivos pretendidos y realizar los ajustes y cambios necesarios para que el control ambiental de la actividad sea eficaz y eficiente con la participación de los diferentes niveles del estado municipal, provincial y nacional.

 

 

ADEMÁS, REQUIRIÓ INFORMES SOBRE RESIDUOS PELIGROSOS 

El también dirigente mercantil solicitó información sobre residuos especiales y peligrosos generados en la actividad hidrocarburífera.  El pedido está orientado a conocer los volúmenes de residuos, las proyecciones esperadas y el listado de los nuevos desechos generados en la explotación no convencional.

Rodríguez  aseguró que “la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como autoridad de aplicación de la Ley 1875, debe tener un relevamiento de las empresas que se dedican al procesamiento y disposición final de estos residuos, y debe informar si efectivamente se concretan siguiendo las normas de seguridad legales”. 

El diputado manifestó su preocupación al señalar que “el crecimiento de la actividad y las nuevas técnicas de explotación no convencional suponen un importante aumento de los volúmenes y complejidad de residuos peligrosos y especiales que podrán producirse. Tenemos que estar preparados con la infraestructura necesaria y atentos a una planificación seria para no poner en riesgo a la población y a los ecosistemas”.

 

 

Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén

Bloque de  Diputados Partido Justicialista

 

RESUELVE:

 

Artículo 1°  Solicitar informes a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación de la Ley 1875 T.O 2267 y decretos reglamentarios, respecto de lo siguiente:

 

a)    Estadística de volúmenes  de residuos especiales y peligrosos  generados por la actividad hidrocarburífera según Cap.VII Título III Anexo VI decreto 2656/99

b)    Listado de nuevos residuos especiales y peligrosos a ser generados en la explotación no convencional en los términos del decreto 1483/12

c)    Proyección de los volúmenes esperados de producción de residuos especiales y peligrosos en relación a la capacidad de procesamiento para su disposición final en la provincia

d)    Infraestructura disponible y prevista para procesar residuos peligrosos dentro de la provincia. Volúmenes tratados fuera de la jurisdicción provincial. Número de centros de disposición transitoria, rellenos de seguridad, plantas de incineración.

e)    Plan Provincial de Gestión de Residuos peligrosos y especiales provenientes de la actividad hidrocarburífera.

 

Artículo 2°  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

 

La actividad hidrocarburífera en todas sus etapas genera un  volumen importante de residuos especiales y peligrosos considerados así por la legislación vigente (Ley 24.051, Ley prov. 1875 T.O. 2267).

 

Actualmente en la provincia existen al menos cinco empresas que se dedican al procesamiento y disposición final de estos residuos. También hay en numerosos puntos de la provincia centros de disposición transitorios en los que se almacenan residuos provenientes de la actividad a la espera de su tratamiento para disposición final.

 

No existen rellenos de seguridad dentro del ámbito provincial para disponer residuos sólidos peligrosos que no pueden ser incinerados en las plantas existentes en la provincia, por lo cual muchos de estos permanecen en los centros de disposición transitorios, con mayores riesgos si tuvieran una disposición final segura.

 

El crecimiento de la actividad y las nuevas técnicas de explotación no convencional presupone un considerable aumento de los volúmenes y complejidad de residuos peligrosos y especiales que podrán producirse.

 

Es por ello que se requiere una planificación seria y consistente para dotar a la provincia de infraestructura y procedimientos de control de esos compuestos químicos que generan serios daños al ambiente si no son gestionados adecuadamente.

 

La falta de planificación en esta materia pone en riesgo a los ecosistemas y a la población en general, por lo cual la previsión es una herramienta clave a la hora de evitar incidentes y tragedias ambientales.